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1. La distribución de 1992 fue un anticipo de herencia

Los padres no repartieron sus bienes como una decisión empresarial libre: lo hicieron mediante una donación como anticipo de herencia sujeta al art. 3477 del Código Civil de Vélez. Los valores debieron colacionarse al fallecimiento del causante (2014), no al momento de la donación (1992).

2. La “venta” del 12,47% de La Agrícola S.A. fue declarada simulada

El 30 de marzo de 1992 se instrumentó una supuesta compraventa del 12,47% restante de La Agrícola S.A. La SCJM la declaró simulación absoluta: el contrato tenía solo dos cláusulas, sin penalidades, con cuotas sin interés, y el monto coincidía con un manuscrito previo de los padres. José Alberto pasó a controlar el 99% de La Agrícola S.A. por una operación que la Corte consideró inexistente.

3. Cristina firmó bajo protesta desde 1992

El argumento de que los tres hijos aceptaron la distribución es falso. María Cristina firmó el convenio bajo protesta expresa. En 1995 rechazó la cuota N°13. En 1996 José Alberto inició un juicio de consignación. El juez Yacante dejó constancia que el conflicto sólo se resolvería al abrirse la sucesión.

4. La demanda de 2018 fue exactamente a tiempo

Alberto Victorio falleció el 9/02/2014. El Art. 4028 Vélez establece 4 años. La demanda se presentó el 7 de febrero de 2018: dos días antes del vencimiento. Un día más tarde, la acción habría prescripto.

5. La brecha patrimonial fue probada pericialmente: 12 a 1

Tres peritos contadores oficiales designados por sorteo — Antonio Troiano, Facundo Adrián Lorenzo y Verónica Alejandra Vanella — elaboraron informes unánimes de aproximadamente 130 páginas, aplicando metodología VAN y EBITDA (no valor de libros). Sus conclusiones: La Agrícola S.A. = U$S 104.630.874; constructoras = U$S 13.152.063. José Alberto recibió U$S 94,7M; María Cristina recibió U$S 7,8M. La SCJM adoptó íntegramente su dictamen.

6. José Alberto retiró U$S 7,3 millones en honorarios — y la empresa le pagaba sus gastos personales

Entre 1992 y 2014, José Alberto retiró U$S 7.353.691 en honorarios y dividendos. Los peritos además probaron, revisando los libros mayores, que la sociedad le pagaba gastos personales: arreglos de sus autos privados, teléfonos y tarjetas de crédito. Su aporte laboral ya fue remunerado con creces.

7. El vaciamiento comenzó ocho días después del fallo

El 13/08/2024 — ocho días después del fallo — se solicitó la transferencia de 112 marcas ante el INPI con documentos antedatados. Un día después del fallo (6/8/2024) ya se había celebrado una asamblea extraordinaria para blindar las acciones. La Fiscal Muscianisi lo imputó como insolvencia fraudulenta.

8. Emma Cartellone murió sin bienes pese a cofundar las empresas

Al fallecer el 30/04/2020, Emma carecía de bienes a su nombre. El Caso Emma busca determinar si esa situación vulnera la legítima de las herederas forzosas.

9. La SCJM aplicó perspectiva de género con respaldo constitucional

El fallo del 5/08/2024 determinó que María Cristina fue tratada de manera desigual «por el solo hecho de ser mujer». En el expediente constan testimonios que la describen como «contestaria, rebelde e inmanejable». Esos estereotipos son exactamente el supuesto que la CEDAW y Belém do Pará (art. 75 inc. 22 CN) obligan a identificar y corregir.

10. La condena es exigible hoy, con o sin queja en la CSJN

El art. 285 CPCCN: mientras la Corte no haga lugar a la queja, no se suspende el proceso. La ejecución civil en Mendoza continúa sin suspensión. El monto con intereses desde febrero de 2018 ronda los U$S 25 millones.

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