⏱ 4 min de lectura · Los cinco demandados y las acciones que los alcanzan
La demanda presentada el 22 de abril de 2025 en el Expediente N° 256.502 tiene cinco partes demandadas, vinculadas por parentesco o por haber recibido bienes que María Cristina Zuccardi considera donaciones inoficiosas realizadas por su madre Emma Cartellone de Zuccardi en vida.
José Alberto Zuccardi — demandado principal
Hermano de la actora e hijo de Emma Cartellone. Es el demandado central. Recibió el 87,45% de La Agrícola S.A. en la partición de 1992, mientras que la distribución de Cimalco S.A. fue equitativa entre los tres hijos. En 2025 fue formalmente imputado por defraudación e insolvencia fraudulenta ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza.
María Julia Zuccardi
Hija de José Alberto Zuccardi. Demandada como beneficiaria de la donación del 11 de mayo de 2017, por la cual Emma donó USD 60.021,04 a cada uno de sus once nietos. También demandada en la acción de fraude subsidiaria. Según informó el diario Los Andes, también es investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos.
Juan Sebastián Zuccardi
Hijo de José Alberto Zuccardi. Demandado por la donación de 2017, y además por haber recibido el 27 de febrero de 2008 una cesión del 0,1% de acciones de La Agrícola S.A. de parte de su abuela Emma — calificada en la demanda como donación simulada bajo la forma de cesión onerosa.
José Miguel Zuccardi
Hijo de José Alberto Zuccardi. Demandado por la donación de 2017 y por haber recibido acciones de La Agrícola S.A. a través de un aumento de capital cuestionado como ficticio en 2021.
Pedro Giovanello — en carácter de fiduciario
Fiduciario del Fideicomiso Familia Zuccardi. Demandado en la acción de simulación y fraude subsidiaria, por haber recibido el 69,88% de La Agrícola S.A. de parte de José Alberto Zuccardi el 2 de agosto de 2024, días antes del fallo de la Suprema Corte de Mendoza.
¿Por qué no se demandó a los otros nietos?
La donación de 2017 benefició a once nietos de Emma. Sin embargo, María Cristina decidió no incluir en la demanda a los nietos de las ramas Flamarique y Mena. Esta decisión no tiene consecuencias sobre el cálculo de la legítima: la donación se computa en su totalidad para determinar la porción vulnerada.
⏱ 12 min de lectura · El mediador, el informe y su vida
Hay una paradoja en el centro del Caso Zuccardi: la prueba más contundente sobre la desigualdad en la distribución de la herencia no la produjo ninguna de las partes en litigio. La produjeron los propios padres, cuando contrataron a un experto para intentar resolver el conflicto que ellos mismos habían generado.
Ese experto era el Dr. Enrique Fernández Longo: abogado, psicólogo y consultor especializado en conflictos de empresas de familia. Su trabajo y su diagnóstico constituyen hoy uno de los pilares probatorios centrales del caso: el dictamen que elaboró, agregado entre las fojas 20 a 44 del expediente civil, fue utilizado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para fundamentar su fallo a favor de María Cristina Zuccardi.
El encargo: poner fin a una crisis familiar insostenible
Hacia 1998, la situación entre los hermanos Zuccardi había llegado a un punto de quiebre. La distribución de 1992 — que entregó el control de La Agrícola S.A. casi exclusivamente a José Alberto, dejando a sus hermanas con una compensación en litros de vino — había generado un conflicto que no cesaba.
Alberto Victorio Zuccardi y Emma Cartellone decidieron entonces contratar al Dr. Fernández Longo con un objetivo preciso: realizar un estudio completo de la situación familiar y asesorarlos sobre la mejor forma de distribuir los bienes para poner fin a los conflictos entre sus tres hijos. Era, en definitiva, un reconocimiento implícito de que algo estaba mal en la distribución original.
El trabajo: más de un año de entrevistas
Durante más de un año, Fernández Longo mantuvo entrevistas individuales y grupales con todos los miembros de la familia. Su metodología combinaba la perspectiva jurídica con la psicológica: buscaba entender no solo los reclamos económicos sino también las dinámicas de poder y los mandatos familiares que estaban alimentando el conflicto.
Su objetivo era concreto: lograr que María Cristina, Ema Inés y José Alberto llegaran a un acuerdo económico equitativo y razonable para los tres, evitando la vía judicial. No lo logró. Pero el camino que recorrió para intentarlo quedó documentado.
El diagnóstico: un mandato patriarcal expuesto
En enero de 2000, Fernández Longo elaboró su informe. El mediador registró con precisión las posiciones de cada parte:
La posición de José Alberto: sentía que, por su esfuerzo y dedicación exclusiva, tenía derecho a un proyecto propio sin «interferencias» de sus hermanas y cuñados.
La posición de las hermanas: María Cristina y Ema Inés senían que haber sido excluidas de La Agrícola S.A. era una descalificación de sus capacidades profesionales y personales. Consideraban profundamente injusto que el 100% de esa empresa se entregara al hermano varón a cambio de una deuda compensatoria con plazo leoníno y sin intereses.
La mirada de los padres: Aquí está el corazón del informe. Fernández Longo documentó que los propios padres veían a José Alberto como el «continuador del mandato familiar-laboral» y como el más apto para cuidar las empresas. Sobre María Cristina, registró que los padres reconocían su inteligencia pero señalaban que tenía una «vocación política fuerte» y un carácter «rebelde y contestatario» que, a sus ojos, la hacía inmanejable e incompatible con la conducción empresaria.
En pocas palabras: el experto contratado por los propios padres documentó en blanco y negro que la exclusión de María Cristina no respondió a criterios objetivos de capacidad, sino a una lectura estereotipada de su carácter — y a la asignación del rol de conductor empresario al varón por una cuestión de mandato, no de mérito.
El cierre de la mediación: lo que el expediente documenta
La labor de Fernández Longo no produjo el acuerdo que los padres esperaban. Sus sugerencias para restañar los agravios no fueron implementadas y la mediación concluyó sin acuerdo.
Los expedientes no registran de manera precisa cómo terminó exactamente la relación del Dr. Fernández Longo con la familia. Lo que sí consta en el expediente civil es que Ema Inés Zuccardi redactó posteriormente una carta documento en la que señaló que la mediación concluyó «por el solo hecho de ser testigo y marcar las diferencias realizadas en la distribución de la herencia anticipada».
El final: apartado por ser testigo de la desigualdad.
El informe como prueba: lo que los expedientes sí confirman
Los expedientes son elocuentes respecto al producto final del trabajo de Fernández Longo y a su impacto en el litigio. Tres elementos están documentados con precisión:
1. Un informe exhaustivo (fs. 20–44). Su trabajo culminó con la redacción de un extenso dictamen — agregado entre las fojas 20 a 44 del expediente civil — en el que, como mediador, psicólogo y abogado especialista, dejó constancia escrita de los motivos profundos que originaron el conflicto y puso en palabras el sentir y las posiciones de cada miembro de la familia.
2. Su transformación en prueba central. El destino de ese dictamen fue convertirse en una prueba documental decisiva. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza utilizó las conclusiones de Fernández Longo para fundamentar su fallo a favor de María Cristina Zuccardi en agosto de 2024.
3. Lo que demostró el informe ante la Corte. La SCJM extrajo tres elementos clave del dictamen:
Que María Cristina firmó el acuerdo de 1992 «con bronca» y bajo protesta, sintiendo la injusticia desde el primer momento y distanciándose de su hermano a partir de entonces.
Que la exclusión de María Cristina del activo principal respondió a estereotipos de género explicitados por los propios padres: ella fue descripta como de carácter «rebelde y contestatario», lo que la volvía, a sus ojos, «inmanejable» e incompatible con la conducción empresaria, mientras que el varón era visto como el «continuador del mandato familiar».
Que el padre, Alberto Victorio Zuccardi, continuó trabajando y asistiendo a José Alberto en La Agrícola S.A. tiempo después de las donaciones — dato que la Corte utilizó para refutar el argumento de que la plusvalía de la bodega era obra exclusiva del hijo.
Un testimonio que atraviesa las dos sucesiones
El informe de Fernández Longo opera como un puente entre ambos expedientes. Es la voz de un tercero neutral, contratado por los propios causantes, que constató en el momento en que ocurrió que la distribución del patrimonio familiar no era equitativa, no respondía a criterios objetivos, y estaba condicionada por el género de sus destinatarios.
Más allá del expediente: quién era Enrique Fernández Longo
El peso de su testimonio en el expediente no puede entenderse sin conocer quién era este hombre. Enrique Fernández Longo no era un psicólogo de familia contratado para hacer una entrevista. Era uno de los especialistas más reconocidos de Argentina en negociación y resolución de conflictos, con una trayectoria de más de cuatro décadas que lo llevó desde la gerencia de relaciones industriales de DuPont hasta los pasillos del poder político en el Paraguay.
Abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, trabajó veinte años en DuPont de Nemours (1962–1982), donde llegó a gerenciar Relaciones Industriales en plantas de 3.000 y 700 personas, y luego Comercialización y Asuntos Públicos. Esa formación — en las entrañas de la empresa, supervisando producción en turnos rotativos y negociando con sindicatos — lo convirtió en algo inusual: un teórico de la negociación que había vivido los conflictos desde adentro.
Su metodología propia — la «Negociación Efectiva en Beneficio Mutuo» — fue aplicada en algunos de los conflictos laborales más críticos de la Argentina: en SOMISA logró que una empresa con 320 conflictos gremiales en cuatro años pasara a tres años sin perder una sola hora de trabajo; en Scania Argentina fue la única empresa automotriz que no paró durante la hiperinflación; en Acindar trabajó durante siete años reconstituyendo vínculos entre la empresa y la UOM de Villa Constitución. A lo largo de su carrera enseñó negociación a cerca de 10.000 dirigentes en Argentina y otros países, y dictó cursos en más de veinte universidades.
Su trabajo en Paraguay fue particularmente extraordinario. Entre 1993 y 1997 fue asesor de la Presidencia de la Nación paraguaya — el primer gobierno civil de un país que salía de cien años de dictadura —, trabajando con políticos, empresarios, dirigentes sindicales y periodistas para reducir la conflictividad en una sociedad sin tradición democrática. En 1995 facilitó personalmente el levantamiento de una huelga general que debía realizarse el 2 de mayo. En 1990 había resuelto en ocho días un largo conflicto que involucraba a 4.200 personas en la represa de Yacyretá.
Era también autor prolífico. Co-escribió con Carlos Altschul Todos Ganan. Claves para la negociación estratégica en los ámbitos personal y laboral (Paidós, 1992), y publicó en solitario La Negociación Inevitable (Grupo Abierto de Comunicaciones, 2004). Falleció en 2014.
«Negociar es el arte de decirle al otro que lo necesítas porque solo no puedes… La negociación es, en esencia, una cuestión de ética.»
Enrique Fernández Longo — citado en el homenaje póstumo, Paraguay, diciembre 2014
Esa definición — la negociación como ética, como reconocimiento de la necesidad del otro — es exactamente lo opuesto de lo que documentó en el informe Zuccardi: una familia donde el varón no solo no reconoció la necesidad de sus hermanas, sino que utilizó el poder del mandato patriarcal para excluirlas del activo más valioso. Su diagnóstico no fue el de un observador neutro: fue el de alguien que había dedicado su vida entera a entender exactamente eso.
Homenaje póstumo a Enrique Fernández Longo — Paraguay, diciembre 2014 · Desde el minuto 7:08: sus propias palabras sobre el aprendizaje, las crisis y la ética de la negociación
Caso Zuccardi 