⏱ 3 min de lectura · Cuando la ley protege al deudor insolvente

En el marco de la demanda por la sucesión de Emma Cartellone de Zuccardi, María Cristina Zuccardi planteó la inconstitucionalidad de los artículos 2454, 2458 y 2459 del CCyCN en su aplicación al caso concreto. Es uno de los argumentos jurídicamente más significativos del expediente, y tiene un antecedente directo en lo que ya ocurrió en la sucesión de Alberto Victorio Zuccardi.

El problema: una sentencia que no se puede ejecutar

Los artículos cuestionados establecen, en conjunto, que la acción de reducción tiene efecto reipersecutorio solo sobre bienes registrables (art. 2458), que ese efecto no procede luego de diez años de posesión (art. 2459), y que el donatario puede evitar la restitución en especie pagando en dinero (art. 2454).

Aplicados literalmente, estos artículos tienen una consecuencia concreta: si prosperara la acción de reducción, María Cristina obtendría únicamente un crédito dinerario contra su hermano. Y José Alberto Zuccardi — cuya insolvencia está acreditada en el expediente — no pagaría.

El antecedente: la misma maniobra ya funcionó una vez

En la sucesión de Alberto Victorio Zuccardi, José Alberto aplicó exactamente esta estrategia: al contestar demanda, ofreció pagar en dinero en caso de condena, invocando el art. 2454. La Suprema Corte dictó sentencia condenatoria dineraria. Y entonces José Alberto procedió a transferir sus acciones en La Agrícola S.A. a sus hijos y al Fideicomiso, vació su patrimonio, y la sentencia quedó sin posibilidad de ejecución real.

El Caso Emma plantea que esa maniobra no puede repetirse. De ahí el planteo de inconstitucionalidad.

Los fundamentos constitucionales

La demanda no plantea la inconstitucionalidad en abstracto. La plantea para este expediente, donde la aplicación literal de esas normas produciría un resultado contrario a la Constitución Nacional:

• Derecho de propiedad (art. 17 CN): se priva al legitimario de la porción que la ley le reserva con carácter imperativo.
• Igualdad (art. 16 CN): el heredero forzoso queda en inferioridad irrazonable frente al donatario que se declaró insolvente.
• Protección de la familia (art. 14 bis CN): la legítima es una institución de orden público sucesorio cuya existencia solo tiene sentido si puede ejecutarse efectivamente.
• Tutela judicial efectiva (art. 18 CN y art. 8 CADH): una sentencia inejecutable no es una sentencia. Es una declaración nominal sin contenido práctico.

El argumento sistémico

El CCyCN no eliminó el orden público sucesorio ni modificó el artículo 2444, que mantiene la inderogabilidad de la legítima. Una interpretación que transforma la acción de reducción en un mero crédito personal contra un deudor insolvente contradice el propio sistema del que esas normas forman parte. Los jueces no aplican normas aisladas: aplican el ordenamiento jurídico como sistema, presidido por la Constitución Nacional.

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