⏱ 4 min de lectura · Actualización procesal

Desde el 10 de abril de 2026 hay dos recursos de casación esperando en la Suprema Corte de Mendoza para revisar el sobreseimiento de José Alberto Zuccardi y Pedro Giovanello en la causa penal por insolvencia fraudulenta. Durante seis meses, José Alberto gozó de ese sobreseimiento sin que nadie lo revisara — no porque sus argumentos resistieran el escrutinio, sino porque el Tribunal que debía analizarlo ni siquiera estaba formado. Esa demora recién terminó.

Por qué la Fiscalía lo imputó

La causa penal no nació de la nada. Apenas un día después del fallo de agosto de 2024, José Alberto convocó una asamblea extraordinaria en La Agrícola S.A. y convirtió las acciones de sus hijos —Juan Sebastián, José Miguel y María Julia Zuccardi— en acciones privilegiadas, diluyendo al Fideicomiso Familia Zuccardi al 23,76% sin poder político ni económico real. Ese mismo mes gravó seis inmuebles personales con hipotecas de U$S 1.200.000 cada una — «hipotecas cerrojo» para blindarlos de un eventual remate — y presentó ante el INPI una transferencia de 112 marcas comerciales, por unos U$S 40 millones, a Viña Santa Julia S.A. con documentos antedatados. El consultor técnico de la querella concluyó que estas operaciones «contaron con la colaboración de sus hijos y de Giovanello» para disminuir u ocultar el patrimonio de José Alberto. Sobre esa base, la Fiscal Muscianisi lo imputó en junio de 2025 por insolvencia fraudulenta en concurso ideal con defraudación.

Seis meses sin que nadie mirara el fondo del asunto

La Fiscal y la querella particular de María Cristina Zuccardi recurrieron en casación apenas se dictó el sobreseimiento, y Lusverti concedió y elevó ambos recursos el mismo 10 de abril. Desde entonces, el expediente quedó empantanado en un trámite puramente administrativo: integrar el Tribunal que debía resolverlo. Un primer sorteo tuvo que repetirse después de un incidente de recusación, y recién el 9 de octubre se completó el sorteo definitivo.

El mismo patrón que ya se vio en lo civil

No es la primera vez que a José Alberto se le agotan los argumentos de fondo y le queda solo el tiempo como estrategia. En la ejecución de Cimalco Neuquén S.A., la Cámara de Apelaciones le rechazó en septiembre los cuatro planteos con los que intentó frenarla — y ni siquiera recurrió la resolución final, que quedó firme por vencimiento de plazo sin que presentara un solo escrito. En lo penal, el patrón se repite: el sobreseimiento que lo beneficia se sostiene sobre un único argumento, mientras la querella y la Fiscalía ya reunieron tres frentes para derribarlo:

1. La propia Sala Segunda de la SCJM, en «Lobos Gras», ya estableció que una sentencia queda firme cuando se rechaza el recurso extraordinario federal — y el de José Alberto fue rechazado en octubre de 2024. La queja ante la CSJN no cambia eso. (ver el recorte del fallo en la nota completa)
2. El art. 285 del código de rito es explícito: la queja, por sí sola, no suspende nada.
3. El art. 179 del Código Penal no exige una condena «irrevisable» — exige una obligación exigible, y esa obligación existe desde 2024.

Se acabó el margen para seguir ganando tiempo. Lo que sigue es la revisión de fondo que la causa viene esperando desde abril.

→ Los argumentos completos del recurso · Las cinco maniobras de vaciamiento · Cronología completa

⏱ 3 min de lectura · Actualización procesal

La resolución de la Cámara de Apelaciones del 2 de septiembre de 2026 quedó firme e irrecurrible: José Alberto Zuccardi dejó vencer el plazo para llevarla ante la Suprema Corte de Mendoza sin presentar un solo escrito. No hay más instancias. Lo que la Cámara resolvió, queda.

Un repaso de todo lo que perdió

En esta sola resolución, José Alberto Zuccardi vio rechazados los cuatro planteos de fondo con los que intentó frenar la ejecución:

1. Que las acciones de sociedades cerradas no eran «valores negociables» — rechazado
2. La inconstitucionalidad del art. 262 CPCCT — rechazado
3. El pedido de una nueva tasación actualizada — rechazado
4. La remisión a la acción subrogatoria — rechazado

Cuatro de cuatro. No le quedó un solo argumento en pie.

Lo único que no cuestionó — ni siquiera eso

El único punto donde, en los términos estrictamente formales del fallo, algo se había movido a su favor —el paso del valor nominal al valor real para la adjudicación— tampoco lo recurrió. Tuvo la oportunidad de llevarlo a la Suprema Corte y dejó pasar el plazo sin mover un dedo. No hay margen para leer eso como estrategia: después de perder los cuatro planteos centrales, no le quedaba con qué pelear ni siquiera ese punto menor.

Lo que queda consolidado, para siempre

Con la firmeza, quedan sellados de manera definitiva e irreversible:

• La adjudicación del 22% de Cimalco Neuquén S.A. a María Cristina Zuccardi
• El valor real de esa adjudicación: U$S 1.496.551,54
• El criterio judicial de que las sociedades cerradas no escapan al art. 262 CPCCT
• El rechazo definitivo a los cuatro planteos de la defensa

Es, hasta ahora, el cierre más contundente de cualquiera de los frentes abiertos en la ejecución de la condena.

Seguir leyendo: Fallos judiciales · Cronología completa

⏱ 4 min de lectura · Análisis de un recurso de casación pendiente

El 10 de marzo de 2026, el juez Diego Lusverti sobreseyó a José Alberto Zuccardi y a Pedro Giovanello en la causa por presunta insolvencia fraudulenta (P-142.771/24, sentencia N° 1702). Su razonamiento central: como hay una queja pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) contra la condena civil de la SCJM, esa sentencia no sería firme y, por lo tanto, no se configuraría el delito penal, que exige una obligación exigible. Tanto la querella particular de María Cristina Zuccardi (Dres. Carlos Varela Álvarez y Enoc H. Ortiz) como la Fiscal Muscianisi recurrieron esa resolución en casación. El propio Lusverti concedió ambos recursos el 10 de abril de 2026 y elevó el expediente digitalizado a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

La firmeza se adquiere con la denegatoria del REF — doctrina de la propia Sala Segunda

En la causa «Lobos Gras» (CUIJ 13-06876115-2), resuelta por la Sala Segunda de la SCJM con voto del Dr. José V. Valerio y adhesión del Dr. Pedro J. Llorente, el tribunal fijó una postura explícita, apoyada en la doctrina que la ministra Carmen Argibay sentó en la CSJN («Chacoma», Fallos 332:700): una sentencia adquiere firmeza y carácter ejecutable en el momento en que el tribunal superior provincial rechaza el Recurso Extraordinario Federal. La queja directa ante la CSJN, explicó el fallo, no es una tercera instancia con efecto suspensivo, sino una vía impugnativa excepcional que cuestiona la decisión de no conceder el recurso —pero que no le quita ejecutoriedad al fallo principal—.

La regla del art. 285 del código de rito

El artículo 285 in fine del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es categórico: «mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso». Según la Secretaría de Jurisprudencia de la CSJN, la sola interposición de la queja —incluso el pedido de remisión del expediente para su examen— no frena la ejecución de una condena ni despoja al acreedor de su derecho de cobro. La única vía para frenar los efectos de una sentencia ejecutoriada es que el tribunal disponga expresamente una medida suspensiva excepcional, reservada a casos de gravedad institucional o gravamen de imposible reparación ulterior («Ogallar», «Kammerath»).

El art. 179 CP no exige una «cosa juzgada irrevisable»

El segundo párrafo del art. 179 del Código Penal reprime a quien se insolventa para frustrar el cumplimiento de una obligación civil «durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria». El tipo penal exige que exista un mandato de condena legítimamente ejecutable y un accionar doloso dirigido a desapoderarse de bienes para eludir el pago.

Estos tres elementos —la doctrina de la propia Sala Segunda sobre firmeza, la regla del art. 285, y el alcance del art. 179 CP— son los argumentos que la querella y la Fiscal Muscianisi pusieron sobre la mesa en sus recursos de casación, ya concedidos y elevados a la Suprema Corte de Mendoza el 10 de abril de 2026. El tribunal todavía no fijó fecha para resolverlos.

Para seguir el estado de la causa penal, ver Estado actual de la causa penal y la Cronología completa del caso.

⏱ 4 min de lectura · Análisis de una resolución judicial

La Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza dictó el 2 de septiembre una resolución clave en la etapa de ejecución de la sentencia que condena a José Alberto Zuccardi a pagar más de U$S 12 millones a su hermana María Cristina. El Tribunal ordenó que, una vez firme el pronunciamiento, se adjudiquen formalmente a la actora las acciones embargadas equivalentes al 22% del capital de Cimalco Neuquén S.A., tomando como base la valuación fijada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza —U$S 1.496.551,54—, que se imputarán a cuenta de la condena.

El fin de la inercia cautelar

Hasta el momento, las medidas ordenadas en el proceso de ejecución consistían en embargos e inhibiciones, pero ningún bien había llegado a la instancia de adjudicación efectiva para saldar parte de la deuda. Esta es la primera vez que se quiebra esa inercia: la Cámara ordenó formalmente la adjudicación del 22% del paquete accionario de Cimalco Neuquén S.A. a favor de la acreedora —una vez firme la resolución y cumplimentadas las inscripciones societarias correspondientes—, imputándolo como un cobro efectivo de casi U$S 1,5 millones a cuenta del crédito reconocido por la Suprema Corte.

Rechazo tajante a una nueva tasación dilatoria

El eje central de la defensa del demandado consistía en solicitar la producción de una nueva pericia o tasación actualizada de Cimalco Neuquén S.A., argumentando que la pericia tomada por la Corte provincial databa de 2014. La Cámara desestimó de plano esa pretensión: señaló que ya existía una valuación firme, adoptada por el Máximo Tribunal provincial como premisa valorativa de la condena, y que retrotraer el trámite a una nueva disputa pericial desvirtuaría la eficacia de la cosa juzgada y la celeridad que exige la ejecución de sentencia.

Asimismo, el Tribunal desarticuló los planteos de fondo con los que la defensa pretendía blindar a la empresa: ratificó que las acciones de sociedades cerradas quedan comprendidas dentro de la categoría de «valores negociables» a los fines de la adjudicación forzada prevista en el art. 262 del CPCCT, rechazó por extemporáneo el planteo de inconstitucionalidad de esa norma, y descartó también la pretensión de obligar a la acreedora a transitar por la vía indirecta de una acción subrogatoria.

La formalidad del fallo y la contradicción de las costas

En los términos estrictamente dispositivos, la Cámara utilizó la fórmula de «admitir el recurso de apelación» porque modificó el criterio de primera instancia —que había ordenado la adjudicación a valor nominal de $396.000—, y dispuso las costas a cargo de la actora como «apelada vencida». Sin embargo, en el terreno sustancial, el fallo adoptó exactamente la postura y la cifra que María Cristina Zuccardi había propuesto y consentido de manera subsidiaria al contestar los agravios, con el fin de evitar maniobras dilatorias y concretar la ejecución.

La Cámara descartó todos y cada uno de los planteos de José Alberto Zuccardi dirigidos a frenar la adjudicación o a abrir una nueva pericia, y acogió íntegramente la valuación de la Corte provincial que la propia ejecutante había aceptado. Imponerle las costas a quien vio prosperar la ejecución de su crédito —y acogida su pretensión subsidiaria— es una contradicción procesal llamativa: no sería extraño que, frente a ese punto, la actora plantee un recurso de aclaratoria para pedir que se corrija.

Un paso decisivo

Con este pronunciamiento, el proceso ingresa en una fase de concreción patrimonial: la transferencia forzada del 22% de Cimalco Neuquén S.A. queda ordenada judicialmente con base en la valuación del Máximo Tribunal, sentando un criterio para el resto de los activos embargados en la causa.

Para seguir el resto del proceso de ejecución, ver Fallos judiciales y Cronología.