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Desde el 10 de abril de 2026 hay dos recursos de casación esperando en la Suprema Corte de Mendoza para revisar el sobreseimiento de José Alberto Zuccardi y Pedro Giovanello en la causa penal por insolvencia fraudulenta. Durante seis meses, José Alberto gozó de ese sobreseimiento sin que nadie lo revisara — no porque sus argumentos resistieran el escrutinio, sino porque el Tribunal que debía analizarlo ni siquiera estaba formado. Esa demora recién terminó.
Por qué la Fiscalía lo imputó
La causa penal no nació de la nada. Apenas un día después del fallo de agosto de 2024, José Alberto convocó una asamblea extraordinaria en La Agrícola S.A. y convirtió las acciones de sus hijos —Juan Sebastián, José Miguel y María Julia Zuccardi— en acciones privilegiadas, diluyendo al Fideicomiso Familia Zuccardi al 23,76% sin poder político ni económico real. Ese mismo mes gravó seis inmuebles personales con hipotecas de U$S 1.200.000 cada una — «hipotecas cerrojo» para blindarlos de un eventual remate — y presentó ante el INPI una transferencia de 112 marcas comerciales, por unos U$S 40 millones, a Viña Santa Julia S.A. con documentos antedatados. El consultor técnico de la querella concluyó que estas operaciones «contaron con la colaboración de sus hijos y de Giovanello» para disminuir u ocultar el patrimonio de José Alberto. Sobre esa base, la Fiscal Muscianisi lo imputó en junio de 2025 por insolvencia fraudulenta en concurso ideal con defraudación.
Seis meses sin que nadie mirara el fondo del asunto
La Fiscal y la querella particular de María Cristina Zuccardi recurrieron en casación apenas se dictó el sobreseimiento, y Lusverti concedió y elevó ambos recursos el mismo 10 de abril. Desde entonces, el expediente quedó empantanado en un trámite puramente administrativo: integrar el Tribunal que debía resolverlo. Un primer sorteo tuvo que repetirse después de un incidente de recusación, y recién el 9 de octubre se completó el sorteo definitivo.
El mismo patrón que ya se vio en lo civil
No es la primera vez que a José Alberto se le agotan los argumentos de fondo y le queda solo el tiempo como estrategia. En la ejecución de Cimalco Neuquén S.A., la Cámara de Apelaciones le rechazó en septiembre los cuatro planteos con los que intentó frenarla — y ni siquiera recurrió la resolución final, que quedó firme por vencimiento de plazo sin que presentara un solo escrito. En lo penal, el patrón se repite: el sobreseimiento que lo beneficia se sostiene sobre un único argumento, mientras la querella y la Fiscalía ya reunieron tres frentes para derribarlo:
- La propia Sala Segunda de la SCJM, en «Lobos Gras», ya estableció que una sentencia queda firme cuando se rechaza el recurso extraordinario federal — y el de José Alberto fue rechazado en octubre de 2024. La queja ante la CSJN no cambia eso.
- El art. 285 del código de rito es explícito: la queja, por sí sola, no suspende nada.
- El art. 179 del Código Penal no exige una condena «irrevisable» — exige una obligación exigible, y esa obligación existe desde 2024.
Se acabó el margen para seguir ganando tiempo. Lo que sigue es la revisión de fondo que la causa viene esperando desde abril.
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